La organización Transparencia Venezuela denunció que la crisis y los continuos apagones que afectan al país no responden a fenómenos climáticos, sino a un esquema de «gran corrupción» derivado de las contrataciones discrecionales tras la emergencia eléctrica decretada en 2009 por el régimen venezolano.
Mercedes de Freitas y Manuel Sánchez precisaron que más de 29.000 millones de dólares asignados al sector eléctrico resultaron dilapidados en más de 200 obras inconclusas, citando los casos emblemáticos de la hidroeléctrica de Tocoma, los parques eólicos de Guajira y Falcón, y los contratos asignados a Derwick Associates.
La ONG advirtió que la impunidad institucional perpetúa el deterioro del servicio y propuso una reforma estructural que contemple auditorías independientes, la modernización de la Ley del Servicio Eléctrico y la creación de un sistema de justicia anticorrupción.