Expertos de la ONU denunciaron que la dictadura de Ortega-Murillo desvía fondos públicos para financiar una red de represión transnacional contra críticos exiliados. El informe revela que el régimen utiliza instituciones estatales y misiones diplomáticas para vigilar y atacar a opositores fuera de sus fronteras en este 2026. Esta estructura de inteligencia busca silenciar cualquier disidencia mediante el monitoreo digital, el acoso y el uso indebido de mecanismos internacionales.
El documento detalla que recursos destinados a programas sociales son utilizados para costear operaciones de seguridad y grupos armados progubernamentales. Los investigadores señalan que la persecución está estructurada bajo un esquema de corrupción institucional diseñado para perpetuar al Frente Sandinista en el poder. La ONU documentó casos graves de violencia en el extranjero, incluyendo intentos de asesinato, confirmando que la represión nicaragüense ha cruzado límites territoriales de forma sistemática.
Ante estos hallazgos, el organismo calificó estas acciones como crímenes de lesa humanidad y urgió a la comunidad internacional a activar sanciones y justicia universal. Se enfatizó la necesidad de proteger a los miles de nicaragüenses que sufren la anulación de su nacionalidad y la confiscación de sus bienes. El llamado final exige el desmantelamiento de este aparato represivo y la liberación inmediata de los presos políticos para frenar el daño a los derechos fundamentales.
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