El Gobierno de Donald Trump notificó a líderes del Partido Republicano en el Congreso su plan de frenar el controvertido fondo de 1.800 millones de dólares contra la «instrumentalización» de la justicia. Aunque fuentes internas aseguran que el mandatario aún respalda la idea, la Casa Blanca evalúa congelar su avance debido al fuerte rechazo y la división que ha generado dentro de sus propias filas políticas.
La presión interna aumentó tras el fallo de una jueza federal que ordenó suspender el fondo hasta el 12 de junio, prohibiendo al Departamento de Justicia asignar recursos. Senadores clave del Partido Republicano exigen una cancelación definitiva y no solo un acatamiento temporal de la orden judicial, advirtiendo que esta disputa está paralizando el presupuesto y la agenda de seguridad migratoria en el Congreso.
Este mecanismo financiero, creado para resolver una demanda de Trump contra el IRS por la filtración de sus impuestos, enfrenta además otro revés en Florida. Un juez ordenó investigar presuntos actos de colusión entre el equipo legal de Trump y el Departamento de Justicia para pactar el acuerdo, intensificando las críticas que señalan el fondo como un beneficio para sus aliados.