La Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos (INRAV) exhortó al Congreso de EE. UU. a aprobar la Ley PANA (H.R. 9039). Esta propuesta bipartidista busca que los fondos confiscados por corrupción internacional se utilicen legalmente para reparar los daños sufridos por la población venezolana.
Hasta marzo de 2026, la justicia estadounidense ha confiscado más de 4.000 millones de dólares mediante 80 procesos judiciales vinculados al desfalco en Venezuela. La propuesta legislativa plantea que estos recursos dejen de estar congelados y se transformen en ayuda humanitaria y social para las víctimas.
El proyecto ya fue aprobado por unanimidad en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara en septiembre de 2025. Los defensores de la iniciativa insisten en que su aprobación definitiva enviará un mensaje contundente de justicia y respaldo a la reconstrucción democrática del país.
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