Los recientes terremotos del pasado 24 de junio han golpeado con dureza a una Venezuela que ya arrastraba una de las peores crisis habitacionales de su historia.
De acuerdo con el último informe sobre el derecho a la vivienda publicado por la organización de derechos humanos PROVEA, el país registraba un déficit acumulado de 2,2 millones de viviendas antes del doblete sísmico, una situación agravada por años de opacidad gubernamental, promesas incumplidas y la parálisis casi total del sector construcción.
El documento revela una brecha abismal entre las metas anunciadas por el discurso oficial y la realidad verificable en el terreno. Para el año 2025, el régimen chavista prometió la construcción de 400.000 viviendas. Sin embargo, el monitoreo independiente de PROVEA detectó la entrega de apenas 1.415 viviendas nuevas en todo ese año.
“Las cifras históricas presentadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), que en enero de 2026 repitió exactamente el mismo número de 5.258.000 viviendas entregadas que ya había anunciado ocho meses antes, resultan inauditables. Matemáticamente, implican haber construido casi una vivienda por minuto desde 2011, algo que los expertos califican de humanamente imposible”.
El informe advierte que el problema no es solo la falta de nuevos techos, sino las condiciones críticas de las infraestructuras existentes. Un 53,8% de los hogares venezolanos requiere rehabilitación física prioritaria para garantizar la seguridad de sus habitantes, una vulnerabilidad que los sismos del 24 de junio han dejado en evidencia.