El régimen de Maduro respondió a las declaraciones del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, calificando su propuesta de intercambiar migrantes detenidos en El Salvador por «presos políticos» como un «forzado canje ilegal moralmente inadmisible».
En un comunicado emitido por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, el régimen rechazó la oferta de Bukele, argumentando que pretende «condicionar la liberación de personas inocentes a un ‘intercambio’ por ciudadanos privados de libertad en Venezuela por causas completamente ajenas (comisión de terribles hechos punibles), sin fundamento jurídico ni ético».
El régimen asegura que la propuesta es una «aberración legal» al no tener «precedente en el marco de las relaciones bilaterales ni multilaterales», y que vulnera «principios elementales de justicia, proporcionalidad y dignidad humana».
También denunció la «negación del derecho a la defensa, al debido proceso y al acceso a la justicia» de los migrantes venezolanos en El Salvador, alegando que no se les garantiza la información sobre los cargos imputados ni asistencia jurídica, en violación de las garantías mínimas reconocidas por el derecho internacional general, «transformándolos de manera automática en víctimas de desaparición forzada».
El comunicado dice, además, que se trata de un «secuestro y traslado forzoso a un tercer país sin orden judicial ni proceso legal».
El régimen calificó esta práctica como una «violación directa del Derecho Internacional Público», incluyendo principios constitucionales reconocidos incluso por el sistema judicial estadounidense, asegurando que la Corte Suprema de ese país advirtió sobre los límites legales de las deportaciones arbitrarias y el respeto al debido proceso.
Ante esta situación, exigieron al gobierno salvadoreño la «liberación inmediata e incondicional» de los 252 venezolanos detenidos en su territorio, responsabilizándolo por cualquier afectación a su integridad física y psicológica.
