Por orden de Rosario Murillo, Nicaragua liberó a 1,200 presos comunes en la segunda excarcelación masiva de este 2026. Esta medida sigue la tendencia de 2025, año en que los dictadores beneficiaron a 9,900 condenados, la cifra más alta en una década. Aunque el régimen presenta estos movimientos como gestos humanitarios, expertos advierten sobre el grave impacto en la seguridad ciudadana y el debilitamiento del sistema de justicia penal en el país.
Desde que este esquema comenzó en 2014, el total de delincuentes liberados asciende a 65,000 personas. El patrón sistemático genera críticas internacionales, especialmente porque ocurre mientras cientos de ciudadanos permanecen en prisión por motivos estrictamente políticos. Esta dualidad evidencia una estrategia de control donde se vacían las cárceles de criminalidad común, pero se mantiene el encierro absoluto para las voces disidentes y la oposición nicaragüense.
La comunidad internacional observa con alarma cómo las excarcelaciones masivas se han vuelto una herramienta política recurrente de la familia Ortega-Murillo. Mientras la población enfrenta mayor vulnerabilidad, el régimen ignora los llamados a liberar a los presos de conciencia. La cifra histórica de beneficiados refleja una transformación del sistema judicial, priorizando la conveniencia política sobre la protección de los ciudadanos en este entorno de crisis.
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