La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) cerró el examen preliminar «Venezuela II», determinando que no existen bases para investigar a Estados Unidos. Tras una evaluación jurídica, el organismo concluyó que no se demostró una relación causal ni intencional entre las sanciones económicas y los presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados por Caracas. Esta decisión desestima la denuncia presentada por el gobierno de Nicolás Maduro en 2020.
El fiscal jefe subrayó que la información disponible no cumple los estándares legales para responsabilizar a Washington de asesinatos o persecución mediante medidas coercitivas. Las autoridades venezolanas han sido notificadas y cuentan con 90 días para solicitar una revisión ante la Sala de Cuestiones Preliminares. Este fallo representa un revés estratégico para la narrativa oficialista que buscaba equiparar las sanciones con ataques sistemáticos contra la población en este 2026.
Es importante aclarar que este cierre no detiene la investigación «Venezuela I», la cual sigue activa examinando crímenes cometidos por agentes del Estado desde 2014. La Fiscalía enfatizó que su labor sobre torturas y detenciones arbitrarias avanza con independencia y no guarda relación con este dictamen. Con esta resolución, la CPI mantiene el foco jurídico sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas dentro del territorio nacional.
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