La administración de Javier Milei inhabilitó el ingreso de 60 periodistas acreditados a la Casa Rosada al desactivar sus registros de huellas dactilares. La medida, sin precedentes en la democracia argentina, impidió que reporteros nacionales y extranjeros accedieran a la sede de Gobierno para cumplir su labor informativa en este 2026.
El portavoz Javier Lanari justificó la acción como una «medida preventiva» ante una denuncia de la Casa Militar por presunto espionaje ilegal. Según el Ejecutivo, el objetivo es resguardar la seguridad nacional, aunque la decisión coincide con un informe crítico de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Organizaciones de prensa calificaron el cierre como un acto arbitrario que atenta contra la libertad de expresión. Mientras la Casa Rosada permanece restringida, crece la incertidumbre sobre la transparencia gubernamental y el acceso a la información pública bajo las nuevas políticas de seguridad del Estado.
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