La Corte Suprema de Estados Unidos permitió a la administración Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que se acogieron a la designación de 2023, lo que deja en riesgo inmediato de deportación a unas 350.000 personas.
El TPS fue implementado en 2021 bajo la administración Biden y renovado en 2023 para ofrecer protección temporal, residencia legal y permisos de trabajo a quienes huían de la crisis en Venezuela. Sin embargo, la medida ahora afecta especialmente a los venezolanos que aplicaron bajo la más reciente ampliación.
📍 ¿Qué opciones tienen para evitar la deportación?
- Solicitar asilo: Quienes enfrenten persecución por motivos políticos, religiosos o sociales pueden iniciar un proceso de asilo, ya sea afirmativo o defensivo, dependiendo de si ya están o no en proceso de deportación.
- Aplicar a la residencia: Si el migrante se casó con un ciudadano o residente legal, puede tramitar la residencia. Sin embargo, este proceso puede implicar salir del país para completar el trámite, según cada caso.
- Visa U: Para quienes hayan sido víctimas de crímenes graves, esta visa especial ofrece protección migratoria y una vía hacia la residencia legal, aunque tiene un cupo limitado de 10.000 aprobaciones al año.
Abogados advierten que no hay claridad sobre cuándo comenzarían las deportaciones, ya que dependerá de la interpretación que haga el nuevo gobierno de la decisión judicial. Por eso, organizaciones como la Alianza Nacional TPS recomiendan consultar con abogados especializados lo antes posible.
Desde los sectores afectados, se insiste en que los venezolanos protegidos por el TPS no son criminales, sino estudiantes, trabajadores y profesionales que buscaron refugio ante la violencia, el colapso institucional y la persecución política en su país.
Esta es una de las decisiones más severas en la historia migratoria reciente de Estados Unidos, y deja a miles en el limbo legal y con un futuro incierto.