Este martes entró en vigor el nuevo reglamento de extranjería en España, con el que el Gobierno prevé regularizar a unas 900.000 personas en los próximos tres años. La reforma, que adapta la normativa europea y se presenta como una medida de derechos humanos, ha generado tanto expectativas como fuertes críticas.
Entre sus principales novedades:
-Se crean cinco tipos de arraigo: social, sociolaboral, socioformativo, de segunda oportunidad y familiar.
-Se reduce de 3 a 2 años el tiempo de residencia requerido para solicitar arraigo.
-Se amplía la reagrupación familiar hasta los hijos de 26 años.
-Las autorizaciones iniciales serán de 1 año, y las renovaciones, de 4 años.
-Los estudiantes podrán acceder más fácilmente a permisos de trabajo tras finalizar su formación.
Sin embargo, una de las decisiones más controversiales es que el tiempo como solicitante de asilo no contará para optar al arraigo. Esto implica que, si su petición es rechazada, el solicitante quedará en situación irregular hasta cumplir los 2 años de residencia requeridos, generando incertidumbre especialmente para miles de latinoamericanos (solo en 2024, Venezuela y Colombia sumaron más de 106.000 solicitudes).
Como medida transitoria, durante un año, los solicitantes rechazados podrán acceder al arraigo con solo 6 meses de residencia, lo que ha llevado a muchos a renunciar a su petición de asilo, cayendo en la irregularidad.
Siete ONG han recurrido el reglamento ante el Tribunal Supremo, mientras el Defensor del Pueblo advierte que la norma puede dejar en la irregularidad a miles de menores.
Esto ha reabierto el debate sobre una regularización extraordinaria de migrantes, impulsada por una iniciativa legislativa popular con más de 600.000 firmas, que ahora el PSOE y Sumar discuten en el Parlamento tras más de un año de estancamiento.