En el marco de la grave crisis humanitaria y de infraestructura provocada por los recientes eventos sísmicos en el litoral central venezolano, diversas fuentes de investigación periodística vinculadas a reportes de The Wall Street Journal han expuesto una grave red de obstrucción en los operativos de rescate en el estado La Guaira. Según las denuncias, el alto funcionario del régimen chavista, Diosdado Cabello, ordenó el despliegue de cordones de seguridad y trabas burocráticas con el único fin de priorizar el resguardo y extracción de millonarias sumas de dinero en efectivo y narcóticos ocultos en «caletas» clandestinas antes de permitir el acceso de misiones de ayuda humanitaria.
El colapso de múltiples edificaciones en la entidad costera —entre ellas el Hotel Negra Hipólita y diversas estructuras residenciales— dejó al descubierto espacios secretos utilizados presuntamente por la red delictiva del «Cártel de los Soles» para el almacenamiento de divisas y bienes de alto valor. Estimaciones preliminares provistas por analistas e investigadores en el terreno sugieren que la fortuna sepultada bajo los escombros y propiedad del círculo de Cabello oscila entre los 120 y los 500 millones de dólares en billetes de alta denominación y lingotes de oro.
Organizaciones civiles y rescatistas voluntarios han denunciado de manera unánime que efectivos de la Policía Nacional y componentes de la Guardia Nacional Bolivariana establecieron bloqueos arbitrarios en los perímetros afectados. Estas acciones impidieron activamente el despliegue de delegaciones internacionales certificadas por las Naciones Unidas que acudían con equipamiento tecnológico avanzado para la localización de sobrevivientes atrapados. Testimonios visuales y reportes de prensa locales han confirmado disputas verbales directas donde las autoridades impidieron el ingreso a las zonas de desastre, priorizando operaciones paralelas de carga y movilización de activos ilícitos hacia embarcaciones y zonas seguras de los estados Falcón y La Guaira.
La alarmante situación ha provocado pronunciamientos de repudio por parte de la comunidad internacional, la cual exige la apertura inmediata e incondicional de los canales de ayuda y la remoción de escombros de manera transparente.
Mientras tanto, persisten denuncias de que el aparato de seguridad estatal sigue concentrado en vaciar los contenedores de las estructuras en ruinas, desatendiendo el clamor de los familiares de las víctimas civiles que continúan desaparecidas bajo los detritos.