Una grave irregularidad administrativa y de derechos humanos ha salido a la luz tras conocerse que la Defensoría del Pueblo de Venezuela certificó la ubicación de un ciudadano en un centro penitenciario, cuando este ya había fallecido meses atrás bajo la tutela oficial.
Según denuncias documentadas y publicadas recientemente por el periodista Víctor Amaya, el 24 de octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo notificó formalmente a la ciudadana Carmen Navas que su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, se encontraba recluido en el Internado Judicial Rodeo I.
La información fue suministrada tras una consulta oficial con la Fiscalía 67 del Área Metropolitana de Caracas (AMC). Sin embargo, reportes gubernamentales confirmaron posteriormente que, para la fecha de dicha notificación, Quero Navas ya tenía tres meses de fallecido.
El documento que aseguraba la supervivencia y ubicación del detenido fue firmado por la Defensora III Dionita Coronado, adscrita a la Unidad de Investigación, Mediación y Conciliación.