Tras tres años de rigurosa investigación técnica, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) presentó en el año 2005 un desalentador e histórico informe al entonces presidente Hugo Chávez. El diagnóstico era claro: ningún edificio en Venezuela estaba en condiciones óptimas para soportar un terremoto de gran magnitud.
A pesar de la gravedad de los hallazgos y de las recomendaciones explícitas de la entidad nipona para reformar las políticas de vivienda, la advertencia fue ignorada por la administración de la época, dejando al país en una situación de vulnerabilidad estructural que persiste hasta el día de hoy.
El estudio de la JICA no se limitó a evaluar la calidad de los materiales, sino que proyectó el impacto real que tendría un sismo importante en las principales zonas urbanas del país si no se tomaban medidas urgentes de ingeniería y reordenamiento.
Los expertos japoneses plantearon como prioridad nacional el fortalecimiento del urbanismo y la actualización profunda de las normas de construcción venezolanas. Japón, al ser uno de los países con mayor experiencia y tecnología sísmica del mundo, ofreció la hoja de ruta para mitigar una tragedia anunciada.
Sin embargo, el informe fue archivado. Durante los años posteriores no se implementaron planes masivos de reforzamiento estructural en las barriadas ni en las zonas residenciales de alta densidad, lo que analistas actuales catalogan como una «negligencia histórica» ante un riesgo natural latente.
Con la reactivación de este debate, expertos en ingeniería civil y gestión de riesgos recuerdan que la geografía venezolana se encuentra sobre importantes fallas tectónicas (como las de Boconó, San Sebastián y El Pilar), lo que convierte la prevención en una deuda interna urgente y vital para el futuro del país.