La organización política Primero Justicia (PJ) denunció formalmente este lunes la agudización de la crisis de servicios públicos en todo el territorio nacional, calificando la situación como una vulneración sistemática de los derechos humanos de los venezolanos. Tras 27 años de una gestión que el partido describe como ineficiente, el colapso de la red eléctrica y el suministro de agua ha sumido al país en una emergencia social y sanitaria sin precedentes.
De acuerdo con el partido aurinegro, el estado actual del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la red de acueductos no es una consecuencia de factores externos, sino el resultado directo de tres décadas de:
Desinversión estructural: Falta de mantenimiento preventivo y correctivo en las principales plantas generadoras.
Corrupción: Desvío de fondos destinados a la modernización de la red.
Desprofesionalización: Salida masiva de personal técnico calificado de las empresas estatales.
Jorge Millán, dirigente nacional de Primero Justicia, destacó que el impacto del esquema de racionamiento aplicado por Corpoelec es profundamente desigual, castigando con mayor severidad a las entidades del occidente y la región andina.
«Los estados Zulia, Táchira, Trujillo, Mérida, Barinas, Falcón y Lara están viviendo condiciones inhumanas. Al encontrarse en la ‘cola’ del sistema de transmisión, estas regiones sufren cortes diarios que superan las 12 horas, paralizando la economía local y poniendo en riesgo la salud pública», enfatizó Millán.