El Gobierno de Pedro Sánchez oficializó este martes una regularización extraordinaria que permitirá obtener permisos de residencia y trabajo a cerca de 500,000 personas en situación administrativa irregular. La medida se implementará mediante un Real Decreto que modifica el Reglamento de Extranjería, introduciendo nuevas figuras de arraigo para facilitar la integración legal de quienes ya viven en el país en este 2026.
Desde su visita oficial en Beijing, el presidente Sánchez defendió la iniciativa como un acto de reconocimiento a ciudadanos que ya aportan a la prosperidad y cohesión social de España. La propuesta ha contado con el respaldo de organizaciones sociales, la iglesia católica y sectores empresariales que subrayan la necesidad de mano de obra en áreas económicas críticas con escasez de trabajadores.
En el ámbito político, la medida ha generado división ante la proximidad de las elecciones generales del próximo año. Mientras la mayoría parlamentaria apoya la regularización, el Partido Popular ha modificado su postura inicial para rechazar el proyecto, sumándose a las críticas del partido Vox en un debate marcado por la creciente polarización sobre la gestión migratoria.
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