El gobierno de Pedro Sánchez registró en el Congreso una Proposición de Ley para otorgar poderes ejecutivos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como coordinador de servicios digitales. La norma permitiría al Ejecutivo fiscalizar directamente a medios y plataformas en este 2026, estableciendo sanciones de hasta 600.000 euros y la facultad de ordenar el cierre de empresas bajo criterios de lucha contra la desinformación.
Esta herramienta de control otorga al Estado una capacidad de intervención directa sobre el contenido en internet, generando debate sobre la libertad de expresión. La ley delega en un organismo administrativo la facultad de calificar y sancionar la información, lo que ha despertado alertas en asociaciones de prensa y plataformas tecnológicas ante la posible fiscalización de la crítica en entornos virtuales.
Mientras el oficialismo defiende la medida como necesaria contra las noticias falsas, diversos sectores advierten sobre los riesgos de censura estatal. La ambigüedad de los términos legales permitiría una vigilancia sin precedentes sobre el disenso digital, otorgando al gobierno un mecanismo de control directo sobre las redes sociales y la difusión de información en todo el territorio nacional.
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