El periodista de sucesos Román Camacho cumple hoy 30 días a la espera de una decisión judicial respecto a su solicitud de sobreseimiento, duplicando el lapso de 15 días estipulado por el ordenamiento jurídico vigente para que el tribunal emita un pronunciamiento.
A pesar de haber transcurrido el tiempo legal, la instancia judicial mantiene un silencio administrativo que prolonga la situación de indefensión del comunicador, quien permanece bajo medidas cautelares y sin libertad plena. Esta dilación constituye una violación directa a la tutela judicial efectiva y al principio de celeridad procesal garantizado en la Constitución.