Organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos protestaron frente al Ministerio para Asuntos Penitenciarios, para alertar sobre el recrudecimiento de las condiciones de reclusión de los presos políticos en Venezuela.
Según testimonios, el Ministerio para el Servicio Penitenciario ha institucionalizado protocolos que vulneran sistemáticamente la dignidad humana y los derechos fundamentales de los privados de libertad.
Se ha documentado que, en centros de reclusión como El Rodeo I, los internos son trasladados a las áreas de visita bajo condiciones extremas:
Uso de capuchas: Los detenidos son obligados a permanecer encapuchados durante sus traslados.
Inmovilización: Son esposados con las manos a la espalda y forzados a mantener una posición de sometimiento frente a sus custodios.
Aislamiento físico: Durante los escasos minutos que dura el encuentro, se prohíbe cualquier tipo de contacto físico con sus familiares.
Las visitas se desarrollan bajo un ambiente de intimidación constante. Las conversaciones son grabadas íntegramente y se realizan en presencia de custodios que también permanecen encapuchados, eliminando cualquier rastro de privacidad y debido proceso.
La situación en El Rodeo I es especialmente crítica debido a la prohibición de ingreso de agua y alimentos por parte de las familias. Esta medida agrava los cuadros de desnutrición que ya presentan varios de los detenidos. Por su parte, en el Fuerte Guaicaipuro, el acceso a insumos básicos está restringido a cronogramas irregulares, consolidando a ambos recintos como centros emblemáticos de la represión en el país.
Bajo las consignas #QueSeanTodos y #TransiciónSinPresosPolíticos, la sociedad civil exige el cese inmediato de estas prácticas que califican como tortura. Se señala directamente al Ministerio para el Servicio Penitenciario como cómplice y ejecutor de una estructura que busca el quiebre físico y moral de quienes están detenidos por motivos políticos.