La reciente aprobación en primera lectura de la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos por parte de la Asamblea Nacional ha generado una reacción mixta en el sector empresarial.
Aunque gremios y petroleras internacionales reconocen que la medida fomenta la inversión inmediata —al permitir que el capital privado opere sin el control mayoritario de PDVSA y reduzca regalías hasta un 15% o 20%—, advierten que para atraer capitales de largo plazo el país requiere cambios institucionales más profundos.
Los inversionistas exigen autonomía total para exportar y cobrar directamente sus ventas, eliminando la precariedad institucional que aún rodea al régimen venezolano.
El diputado Orlando Camacho destacó que la reforma busca captar 1.400 millones de dólares para este 2026, integrando mecanismos de la Ley Antibloqueo para dar «seguridad» a los socios extranjeros.
Sin embargo, analistas y sectores productivos insisten en que, mientras persista el tutelaje de Estados Unidos sobre las ventas de crudo y la incertidumbre política tras la captura de Maduro, la inversión se limitará a proyectos de rápida recuperación.
La meta oficial del gobierno de Delcy Rodríguez es elevar la producción un 18% este año, apoyándose en empresas que, según el nuevo articulado, ya no tendrán que esperar por el aporte de capital estatal para iniciar operaciones.