La Asamblea de Estados Parte, el órgano legislativo de la Corte Penal Internacional, rechazó «firme y categóricamente» las sanciones anunciadas por la Administración estadounidense de Donald Trump contra cuatro juezas del tribunal y advirtió de que representan una «amenaza» y un «atentado contra la independencia» de la institución.
La Presidencia de la Asamblea rechazó las medidas de EE.UU. contra las funcionarias de la CPI como «una amenaza a la justicia internacional» y consideró estas represalias como «lamentables intentos de obstaculizar a la Corte y a su personal en el ejercicio de sus funciones judiciales independientes».
Asimismo, dicha instancia manifestó que «rechazamos firme y categóricamente estas medidas unilaterales. Representan un lamentable atentado contra la independencia de la Corte y la integridad del sistema del Estatuto de Roma».
La Asamblea también recordó que la CPI es «un pilar de la justicia internacional» y funciona como un órgano judicial «independiente e imparcial, que opera de conformidad con su tratado constitutivo», que le da jurisdicción sobre crímenes que «erosionan el compromiso compartido con el Estado de derecho, la lucha contra la impunidad y la preservación de un orden internacional basado en normas».