El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se ha apartado temporalmente de su cargo mientras se lleva a cabo una investigación externa por presunta conducta sexual inapropiada. Las acusaciones que se han hecho son sobre supuesto abuso de poder, coerción sexual y represalias contra los empleados de la Corte que denunciaron su gestión.
Las denuncias surgieron en 2024, cuando una asistente lo acusó de agresión sexual reiterada durante misiones oficiales y en la sede de la CPI en La Haya. Además, se ha alegado que Khan supuestamente intentó silenciar a la presunta víctima, advirtiéndole que sus acusaciones podrían perjudicar investigaciones sensibles, como la relacionada con Israel y Palestina.
El caso de Karim Khan plantea desafíos significativos para la Corte. Pensemos que, en paralelo, también tiene una orden de captura contra Putin por supuestos crímenes de guerra en Ucrania. En septiembre será la lectura de cargos en el caso del expresidente filipino Rodrigo Duterte, y se espera que con la situación de Venezuela se pueda pasar a tener casos concretos. Por lo tanto, la resolución de una investigación contra el fiscal Khan en un momento tan álgido será clave para determinar el futuro liderazgo y la dirección del tribunal.
En este momento quedan a cargo los dos fiscales adjuntos, Niang (Senegal) y Khan (Fiji).
La duda es si los fiscales están en disposición de librar nuevas órdenes de captura y seguir adelante con los temas más fuertes de su trabajo o si esperarán a que Karim Khan vuelva a su cargo o que la Asamblea de Estados Parte decida cambiarlo. Ambas significan tiempo y eso para las víctimas se puede contar en vidas, violaciones graves y migraciones.
Los riesgos reales de retrasar el trabajo es que hay casos que pudiesen calificarse como «políticamente delicados», como Venezuela, Sudán e Israel-Palestina, donde el margen de acción se puede reducir si existe el temor a que las decisiones que se tomen en adelante sean cuestionadas o incluso revertidas.
Fuente: Luis Carlos Díaz.