En una decisión histórica para la comunidad venezolana en Estados Unidos, la Corte Federal del Distrito Norte de California ha decretado una medida cautelar que pospone la revocatoria del TPS para Venezuela. Como resultado, la administración no podrá deportar a los beneficiarios del TPS mientras avanza el litigio.
El caso en cuestión se centra en la decisión de la Corte de posponer temporalmente las acciones emprendidas por Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, que afectarían a más de 600,000 venezolanos con TPS.
Aproximadamente 350,000 perderían su protección, exponiéndolos a posible deportación a Venezuela, un país clasificado por el Departamento de Estado como «Nivel 4: No viajar» debido a riesgos de detenciones arbitrarias, terrorismo, secuestros, crimen y una infraestructura de salud deficiente.
La Corte determinó que la revocatoria del TPS causaría daños irreparables a cientos de miles de personas, afectando su estabilidad familiar, laboral y social. Además, se concluyó que la medida no tenía base legal sólida, y que los argumentos utilizados por la administración se basaban en estereotipos infundados.
En su fallo, la Corte destacó que la revocatoria también tendría consecuencias económicas significativas para EE. UU. y afectaría la salud y seguridad pública. Por estas razones, se bloqueó temporalmente la revocatoria del TPS mientras se resuelve el litigio.
La lucha para defender el TPS comenzó cuando la administración Trump revocó el estatus para los venezolanos, y desde entonces se ha coordinado una estrategia legal con el liderazgo del Venezuelan American Caucus. Gracias al apoyo de organizaciones como la ACLU y la TPS Alliance, así como la movilización de activistas y comunidades como Casa Venezuela, se logró ganar el respaldo de congresistas y fiscales generales de 18 estados.