En la llamada «Pequeña Venezuela» de Miami, la comunidad de venezolanos más grande de Estados Unidos se encuentra a la expectativa por el posible fin de programas federales que permiten su estancia legal.
El gobierno de Trump ha puesto fin a dos programas federales que juntos permitieron a más de 700.000 venezolanos vivir y trabajar legalmente, al igual que a cientos de miles de cubanos, haitianos y nicaragüenses.
Aunque de momento la Justicia estadounidense ha evitado que la Administración Trump ponga fin al TPS, miles de venezolanos en el Doral, ciudad de 80 mil personas en Miami, teme que estos esfuerzos fracasen. De perder las protecciones, tendrían que permanecer ilegalmente en el país con el riesgo de ser deportados o regresar a casa, una ruta poco probable dada la agitación política y económica en Venezuela.
Wilmer Escaray, quien dejó Venezuela en 2007, trabajó muy duro a su llegada a Estados Unidos y ahora tiene una docena de negocios, locales en los que contrata en su mayoría a migrantes que buscan una oportunidad para progresar. Casi todos sus 150 empleados son venezolanos y más de 100 están amparados por el TPS.
Un juez federal ordenó el 31 de marzo que el estatus de protección temporal se mantuviera hasta la próxima etapa del proceso de impugnación en la corte y al menos 350.000 venezolanos se salvaron temporalmente de perder su autorización para estar en el país.
Por su parte, otro programa federal de inmigración que permitió a más de 500.000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses trabajar y vivir legalmente expira el 24 de abril, a menos que haya una intervención judicial.
En el Doral, profesionales y empresarios de clase media alta llegaron para invertir en propiedades y negocios cuando Hugo Chávez ganó la presidencia a finales de la década de 1990. Les siguieron opositores políticos y empresarios que establecieron pequeños negocios. En los últimos años, más venezolanos de bajos ingresos han venido a trabajar en industrias de servicios.